A mediados de mayo se aprobó la conocida como Ley contra el desperdicio alimentario. Su principal objetivo es disminuir la cantidad de alimentos y bebidas sin consumir que se tiran en nuestro país. Un reto que se enmarca en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 203 de la ONU, en cuyo punto 12.3 se habla de la aspiración de reducir a la mitad del desperdicio de alimentos per cápita y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2021 se desperdiciaron más de 1.245 millones de kilogramos (o litros) de alimentos, frente a los 1.363 del año anterior. Estos datos suponen que cada persona que vive en España acaba tirando a la basura cerca de 31 kilogramos al año.

Impacto en Horeca

Antes de intentar solucionar este problema evidente, hay que buscar las causas que motivan este despilfarro.

Parte de este desperdicio se debe a ineficiencias en la cadena alimentaria y parte viene del propio consumidor final. En este último punto, la ley aboga por promover la concienciación a la sociedad sobre la necesidad de disminuir el despilfarro de alimentos. Una actitud que, sin duda, no beneficia a nadie ni al planeta, que debe consumir recursos para una producción que no acaba de ser optimizada ni consumida.

Además, la ley establece una serie de obligaciones para todos los agentes de la cadena alimentaria. Esto incluye a los productores de los alimentos, pero también a los transformadores, distribuidores, hostelería y restauración.

De igual forma, la Administración Pública y las entidades y asociaciones de distribución para la donación de alimentos también deberán cumplir con el mandato de esta ley.

Una de las primeras medidas que afecta a todos estos organismos y entidades es que deberán de contar con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, con el objetivo de que esto abra la puerta a minimizar las pérdidas y destinar esos alimentos a otros usos, según una jerarquía de prioridades.

Prioridades por ley

Este ranking es uno de los aspectos esenciales de la ley. Consiste en el establecimiento de prioridades en el destino de los alimentos para evitar su desperdicio.

Así, el consumo humano es la prioridad de más alto nivel, como también lo es en lo que a la gestión del agua se refiere (y más en tiempos de sequía como los actuales). Esta prioridad conlleva a la obligatoriedad del establecimiento de acuerdos para donar los excedentes alimentarios. Es decir, que en caso de que a un establecimiento Horeca le sobren muchos platos, estos puedan ser aprovechados por personas en situación o riesgo de vulnerabilidad. Eso sí, en esos acuerdos se deberán especificar las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los alimentos, con el fin, por ejemplo, de que no se rompa la cadena del frío y queden recogidas las responsabilidades de todos los que intervengan a el acuerdo. En este punto cabe señalar que las entidades receptoras de donaciones tienen que garantizar la trazabilidad de los productos donados.

El segundo nivel de prioridades que establece la jerarquía de la ley es la transformación de los alimentos en productos como zumos o mermeladas.

Mientras, cuando los alimentos no sean aptos para consumo humano, la jerarquía determina que se debe satisfacer la alimentación animal y fabricación de piensos, usarlos como subproductos en otra industria y, por último, la obtención de compost o biocombustibles.

Cabe señalar también que la ley regula el derecho a llevarse las sobras de los establecimientos de hostelería, por lo que los restaurantes y bares, así como empresas de catering, deberán facilitar envases reutilizables o reciclables apropiados para que las personas puedan llevarse estas sobras.

La ley también establece medidas de buenas prácticas, entre las que destaca que los comercios dispongan de líneas de venta de productos “feos o imperfectos”. También promueve el incentivo de la venta de productos con fecha de consumo preferente o caducidad próxima.

Por último, pero no por ello menos importante, debes saber que la ley establece multas por incumplimiento. Unas sanciones que pueden llegar hasta los 500.000 euros, en función de la gravedad de la infracción.